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Pedro Sánchez dice que ante la desgracia, lo que nos sostiene es Lo Público. Por eso después de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, Iván Redondo pide, por respeto a las víctimas, nacionalicemos el ferrocarril español. Aunque Adif y Renfe ya son públicas. A 27 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, la defensa de lo público se convierte en el nuevo argumento de una campaña marcada por los accidentes de tren y las preguntas sobre la gestión del Gobierno. En el foro World in Progress, organizado por el grupo PRISA en Barcelona, Sánchez ha reivindicado la sanidad, los servicios de emergencia, la Guardia Civil y los trabajadores públicos que auxiliaron a las víctimas. Ha prometido recuperar la confianza en la alta velocidad y ha defendido más inversión y más protección de los servicios públicos. Un discurso pronunciado el mismo lunes en que La Palma sufría un cero energético que dejó sin electricidad a más de 50.000 suministros, antes de recuperar el servicio unas cuatro horas después. Los rescates y la solidaridad de los vecinos de Urda merecen reconocimiento. Pero esa respuesta llega después de dos catástrofes ferroviarias en menos de diez meses, mientras siguen sin resolverse las dudas sobre el mantenimiento, la señalización, los controles de Adif y la responsabilidad política del Ministerio de Transportes. Óscar Puente continúa en el cargo con el respaldo de Pedro Sánchez. La pregunta no es solo cómo responde el Estado después de un accidente, sino qué hizo para evitarlo. Iván Redondo, antiguo jefe de Gabinete de Sánchez, ha añadido una propuesta a la precampaña del 29-N. En su artículo «España golpeada», publicado en La Vanguardia, reclama aplicar el artículo 128 de la Constitución para nacionalizar el ferrocarril y revertir la liberalización de la alta velocidad. Considera que la competencia ha fracasado y plantea una salida ordenada de Ouigo e Iryo. La paradoja está en la propiedad de las compañías. Adif, encargada de las vías y los sistemas de seguridad, es una empresa pública española. Renfe también pertenece al Estado. Ouigo es propiedad de la ferroviaria pública francesa SNCF e Iryo está controlada en un 51 % por la italiana Trenitalia, integrada en el grupo estatal Ferrovie dello Stato. La propuesta no consiste en recuperar unas vías privatizadas, sino en cambiar quién puede operar los trenes sobre una infraestructura que continúa siendo pública. Según la CNMC, desde la entrada de nuevos operadores los viajeros de alta velocidad se han duplicado y los billetes se han abaratado alrededor de un 40 % en varios corredores. La liberalización, las inversiones ferroviarias y el aumento del tráfico vuelven a estar en el centro de una discusión sobre el mantenimiento de las vías, las averías y las decisiones adoptadas por los responsables de Adif. Redondo considera que el accidente de Urda ha dejado la campaña «suspendida en el aire» y que los sondeos no reflejan el estado de ánimo de los españoles. Recupera el recuerdo del 11M y las elecciones de 2004, pronostica que el voto se decidirá durante la última semana, especialmente en los tres días finales, y propone juzgar a la oposición como Gobierno y al Gobierno como Estado. También relaciona el ferrocarril con la vivienda, los salarios y las pensiones dentro de una crisis general del sistema. Su artículo plantea que las elecciones del 29N son una cuestión de legítima defensa, que España debe recuperar el control y que la discusión entre Estado y mercado marcará el futuro político del país. El problema de la gestión ferroviaria acaba convertido en una discusión sobre el modelo de sociedad y la necesidad de reforzar el sector público. Entre la apelación de Pedro Sánchez a proteger lo público, la nacionalización de Iván Redondo y la campaña del PSOE frente al PP y Vox, las responsabilidades de la gestión ferroviaria corren el riesgo de quedar sepultadas bajo un nuevo relato electoral. Dos accidentes de alta velocidad, la pérdida de confianza de los viajeros y un nuevo apagón en La Palma dejan suficientes preguntas sobre el funcionamiento del Estado. Y esta vez no basta con prometer más inversión: hay que explicar qué se ha hecho con la que ya existe y quién responde cuando lo público falla. #pedrosánchez #psoe #elecciones29n

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