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En la Argentina, la seguridad jurídica se pierde con más frecuencia en el expediente tributario que en el contrato o en el título de propiedad. Este ensayo parte de la columna de Mariano Borinsky y Juan Manuel Garay, «Derecho y economía: la seguridad jurídica como fundamento de la prosperidad» (Infobae, 26 de octubre de 2026). Su tesis es correcta: la calidad de un sistema jurídico se mide también por su aporte a la estabilidad institucional y a la confianza social. Pero le falta un capítulo: el tributario. DONDE EL ESTADO CAMBIA LAS REGLAS En materia tributaria, la Corte Suprema definió la seguridad jurídica como la necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan ajustar a ellos su conducta («Alaluf»). El caso que mejor muestra lo que está en juego es «Cerro Vanguardia». En el Tribunal Fiscal de la Nación sostuve en disidencia que la estabilidad fiscal minera alcanzaba a los dividendos frente al impuesto de igualación, porque ese impuesto operaba como un aumento de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias de la sociedad. La estabilidad se mide por su efecto real, no por el rótulo del tributo. La Corte, por cinco votos contra uno, adoptó ese criterio y reconoció a la seguridad jurídica jerarquía constitucional. Hubo retrocesos, como «Minera del Altiplano», y el RIGI volvió a reforzar la garantía. La inseguridad no llega solo por las leyes. Llega también por criterios administrativos que oscilan, como los dictámenes sucesivos sobre la valuación de inmuebles porteños en bienes personales, y por leyes que se reescriben: la de Inocencia Fiscal, presentada como garantía para el contribuyente, fue modificada antes de cumplir un año. UN ESTATUTO QUE YA EXISTE, PERO DISPERSO Buena parte de los derechos que otros países codificaron ya están en nuestras normas, desde la vista del expediente hasta la consulta vinculante. Entre ellos se destaca la estabilidad de la determinación de oficio firme (Ley 11.683, art. 19), cuyas excepciones deben leerse restrictivamente. El problema no es la falta de derechos, sino su dispersión y la falta de un órgano independiente que los haga efectivos. LO QUE ENSEÑA LA EXPERIENCIA COMPARADA La experiencia comparada no ofrece un modelo para copiar, sino cuatro decisiones de diseño: el rango del catálogo de derechos (propongo el legal), la técnica legislativa (modificaciones expresas y vigencia diferida para los tributos periódicos), el órgano de defensa (un consejo independiente de la administración tributaria) y la fuente de la confianza legítima, que propongo incorporar al estatuto para que su protección no dependa del reconocimiento caso por caso. EQUILIBRIO O PÉNDULO Un estatuto puede fracasar por no existir o por proteger a una sola parte. El proyecto presentado en 2019 y reproducido en 2021 tiene aciertos, como los intereses simétricos, pero otras disposiciones no equilibran la relación: la invierten. Declara que la elusión es «siempre lícita», manda interpretar toda norma a favor del contribuyente, vuelve definitiva toda determinación «por ninguna razón de ninguna naturaleza», aun ante un fraude descubierto después, y prohíbe la retroactividad «incluso por ley», algo que una ley ordinaria no puede imponer a las leyes futuras. Si la seguridad jurídica es previsibilidad, un in dubio pro contribuyente no la produce: solo cambia de mano la ventaja. Un buen estatuto exige lealtad en ambas direcciones. CUANDO QUIEN FISCALIZA ES UN SISTEMA La relación tributaria cambió de soporte. La administración ya no solo recibe información: la procesa, la cruza y produce información nueva. Para ese escenario propongo cuatro derechos: ser notificado de las conclusiones del sistema antes de cualquier acto; que esas conclusiones no funcionen como presunción; conocer cómo el sistema llegó a su resultado e impugnarlo; y recurrir la liquidación dictada sobre esa base. Aprobar no es supervisar: que un funcionario firme una liquidación generada por un sistema no garantiza que haya ejercido juicio. LEAL, FRANCA Y PÚBLICA En 1871, en «Ocampo», la Corte Suprema escribió que la administración debe ser «leal, franca y pública en sus actos». Y «Cerro Vanguardia» muestra que la seguridad jurídica también puede producirse en casa: un país que solo puede ofrecer certeza exportando su jurisdicción admite que no sabe producirla. Un estatuto que ordene los derechos dispersos y extienda el debido proceso al fisco algorítmico no le quitaría poder al Estado: le daría la confianza de quienes pagan. #SeguridadJurídica #DerechoTributario #EstatutoDelContribuyente #Argentina #CorteSuprema #TribunalFiscal Ver texto completo en: https://medium.com/@ernesto.celdeiro/seguridad-jur%C3%ADdica-leal-franca-y-p%C3%BAblica-18d4f25c71ec?sharedUserId=ernesto.celdeiro

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