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El debate sobre la vivienda en España ha vuelto a situarse en el epicentro de la controversia política debido a la ofensiva intervencionista impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y a unos reales decretos que no han sido aprobados en el Congreso y han desembocado en un adelanto electoral. En lugar de abordar los problemas reales de escasez y rigidez de la oferta, el Ejecutivo insiste en una deriva que amenaza frontalmente el derecho de propiedad privada mediante fórmulas encubiertas de confiscación de la vivienda y control de precios, lo que en la práctica supone trasladar a los particulares la responsabilidad de garantizar una vivienda social que las administraciones públicas no han sabido proveer. Uno de los detonantes mediáticos de esta situación ha sido el caso de Mari Carmen, una inquilina que disfrutaba de un contrato de renta antigua en un barrio de Madrid y cuya situación ha servido como bandera política para colectivos radicales y para justificar una acampada en la madrileña Puerta del Sol. Frente a los cerca de 45 desahucios diarios motivados por impagos en España, este episodio se ha utilizado de forma propagandística para legitimar la intervención estatal y allanar el camino a nuevos decretos ley que asfixian todavía más al mercado del alquiler. La tramitación de estas medidas no ha estado exenta de irregularidades de extrema gravedad institucional. Durante una comparecencia tras el Consejo de Ministros, la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, fue incapaz de mostrar el texto articulado que supuestamente acababa de ver la luz, evidenciando que el documento remitido a las Cortes no había sido aprobado formalmente según las exigencias legales. Este hecho constituye un auténtico fraude constitucional, ya que se anuncian y trasladan al Congreso de los Diputados iniciativas legislativas sin haber culminado el preceptivo trámite y debate técnico en el seno del Consejo de Ministros. #carloscuesta #elprogramadecuesta #pedrosanchez #elecciones
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