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Pedro Sánchez responde a la crisis de vivienda de manera rotunda. Ha escuchado, ha actuado y no hay un decreto Maricarmen, sino dos. El primero es el que el Gobierno espera aprobar y en el segundo va la morralla: lo que piden Sumar, Podemos y el 15 meme. 🥚🥚 Pedro Sánchez salió a vender como un “paquete ambicioso” una operación política bastante más precaria: dos decretos de vivienda, dos mayorías parlamentarias distintas y, a día de hoy, ninguno con los votos asegurados. El acuerdo entre PSOE y Sumar se cerró prácticamente sobre la bocina del Consejo de Ministros y la división de los textos no fue una cuestión técnica. Sumar ha reconocido que fue el PSOE quien exigió separar la renovación automática de los alquileres para no poner en peligro el resto de medidas. El primer decreto sí tiene ya letra pequeña. Este miércoles 30 de septiembre ha aparecido en el BOE como Real Decreto-ley 26/2026: 96 páginas con protección frente a determinados desahucios hasta 2030, regulación de alquileres de temporada y por habitaciones, una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos que vencen antes de 2029, límites temporales a las actualizaciones de renta, incentivos fiscales para propietarios que alquilen a precios asequibles, financiación pública al 0% para primera vivienda y restricciones hasta 2028 a determinadas compras especulativas de fondos. También modifica la fiscalidad de la vivienda protegida y endurece las reglas sobre grandes tenedores. El segundo decreto es el que Sumar necesitaba para poder presentar el acuerdo como propio: la renovación automática de los contratos de alquiler habitual, con excepciones y salvaguardas. Y también es el que llega más verde. Isabel Rodríguez admitió en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que ese texto no había podido trabajarse con los grupos parlamentarios “con la dedicación, el tiempo y los debates” empleados en el primero. Su publicación en el BOE, prevista inicialmente junto al otro decreto, se ha retrasado hasta el jueves. La ministra de Vivienda dejó además una definición difícil de pasar por alto. Al hablar de Urbagestión, la empresa propietaria de la casa de Maricarmen, la llamó “una pyme buitre, muy carroñera”. Al mismo tiempo pidió al Congreso que convalide los dos textos y reconoció que la aritmética parlamentaria sigue siendo complicada. Junts y PNV se reservaron el voto hasta conocer la redacción definitiva y fuentes del propio Gobierno admiten que ninguno de los decretos está amarrado. Maricarmen, mientras tanto, ya tiene una solución que no ha llegado del decreto. La mujer de 87 años desahuciada de la casa en la que llevaba más de siete décadas ha aceptado un acuerdo con Urbagestión para regresar cuando reciba el alta hospitalaria. Tendrá un contrato de ocho años y pagará una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos. El caso que precipitó la crisis política se ha resuelto mediante una negociación particular mientras el Gobierno sigue buscando los votos para convertir su reacción en ley. El mensaje grabado por Sánchez intenta presentar una secuencia bastante más ordenada: “hemos escuchado”, “hemos actuado”, “el Gobierno ha hecho su parte”. También utiliza a Maricarmen para hablar de quienes tienen dificultades para “acceder” a una vivienda, aunque su problema era exactamente el contrario: llevaba toda su vida dentro y quería permanecer. Ese pequeño desplazamiento del lenguaje permite convertir un desahucio concreto en la justificación de todo el paquete político. La respuesta se concentra en proteger contratos existentes, limitar desahucios, perseguir usos fraudulentos del alquiler temporal y de habitaciones, penalizar determinadas operaciones de fondos y ampliar incentivos fiscales. Hay medidas de oferta, incluida financiación y ventajas para vivienda protegida, pero la gran incógnita sigue siendo cuánto puede corregirse una crisis estructural actuando fundamentalmente sobre las condiciones de un parque residencial que continúa siendo insuficiente en las zonas de mayor demanda. El viernes llega la primera prueba. PSOE y Sumar necesitan convencer a partidos que llevan días negociando textos que todavía estaban cambiando, mientras Podemos y Junts advierten de que las cuentas no salen solas. La paradoja resume bastante bien el momento político: Sánchez proclama que el Gobierno ya ha hecho su parte cuando el BOE todavía no contiene ni siquiera el segundo decreto y el Congreso aún no ha decidido si conserva el primero. #pedrosánchez #psoe #maricarmen #viviendaespaña
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