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Pedro Sánchez lleva ocho años gobernando España y los sindicatos han decidido convocar una huelga general contra la oposición. Sí, la herramienta de protesta más contundente contra el poder se dirige así contra quienes todavía no gobiernan. ¿Asombroso no? Pues no. La paradoja llega en plena campaña del 29-N, con la crisis de la vivienda, los desahucios y las protestas de la Puerta del Sol ocupando el centro de la actualidad. El PSOE intenta presentar a la derecha como responsable de una situación que se ha agravado durante sus propias legislaturas. Los alquileres disparados, las dificultades de acceso a la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo son problemas reales. Lo extraordinario es que los sindicatos señalen como principal adversario político a quienes están en la oposición, mientras el Gobierno que lleva ocho años en la Moncloa respalda las movilizaciones. La relación entre el PSOE, CCOO y UGT no es nueva. Las organizaciones sindicales han participado históricamente en manifestaciones y actos junto a los socialistas, pero una huelga general en plena campaña electoral plantea un problema diferente: hasta qué punto una organización que representa a los trabajadores puede actuar como instrumento de movilización de un partido. Las subvenciones públicas, la financiación sindical y la independencia de los sindicatos vuelven a entrar en discusión cuando sus dirigentes se alinean con la estrategia electoral del Gobierno. La vivienda es el último gran argumento de una legislatura marcada por los cambios de posición de Pedro Sánchez. En 2023, el PSOE descartaba la amnistía para los dirigentes del procés. Después de las elecciones, Yolanda Díaz viajó a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont y Santos Cerdán terminó negociando con Junts los acuerdos que permitieron la investidura. El término *lawfare*, inicialmente presentado por los socialistas como una concesión retórica a los independentistas, ha acabado incorporándose a las acusaciones políticas contra jueces y tribunales. La hemeroteca de esta segunda legislatura ofrece un contraste constante entre lo que se prometió, lo que se negó y lo que finalmente se hizo. Desde la amnistía y los pactos parlamentarios hasta la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha ido acumulando decisiones que en otro momento habrían provocado crisis políticas de enorme alcance. Ahora, incluso después de que el Congreso rechace sus medidas, Sánchez busca fórmulas para recuperarlas y presenta la negativa parlamentaria como un ataque a los derechos sociales. El desgaste institucional se suma a los casos de corrupción y a las investigaciones que afectan al entorno del PSOE. José Luis Ábalos, Santos Cerdán, el caso Koldo, las controversias sobre Plus Ultra y los procedimientos judiciales que han rodeado al Gobierno forman parte de una actualidad que cambia tan deprisa que los escándalos anteriores desaparecen antes de que se hayan aclarado. El conflicto con el poder judicial y la actuación del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido respecto a la amnistía añaden otro elemento a una legislatura de enfrentamientos permanentes. También quedan las grandes crisis que han marcado estos años: la pandemia y las restricciones declaradas inconstitucionales, la DANA de Valencia, el apagón eléctrico, la crisis migratoria de Ceuta y el accidente ferroviario de Adamuz. Son acontecimientos de naturaleza muy distinta, con responsabilidades que deben examinarse por separado, pero todos han terminado envueltos en disputas políticas sobre competencias, gestión, información pública y rendición de cuentas. La campaña vuelve a colocar el miedo a PP y Vox por delante del balance de gestión. Los sondeos apuntan a una posible mayoría de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, mientras el PSOE intenta movilizar a una izquierda desanimada con la advertencia de que un cambio de Gobierno pondría en peligro los derechos conquistados. Al mismo tiempo, una victoria de la derecha abriría otro escenario complicado: protestas en la calle, oposición sindical y una izquierda que ya prepara la resistencia a un Ejecutivo que todavía no existe. Recuperar la capacidad de asombro exige algo bastante sencillo: mirar lo que ha ocurrido durante estos ocho años antes de aceptar el siguiente argumento de campaña. Porque las elecciones del 29 de noviembre decidirán quién gobierna, pero también pondrán a prueba cuánto recuerda el electorado de todo lo que ha sucedido desde 2018.

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