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ASÍ "RAZONABA" EL CARNICERO DE MONDRAGÓN, DE ETA

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Cuando Ángeles Escrivá preguntó al carnicero de Mondragón si ETA consiguió algo, este responde con una pregunta: “¿Cuántos concejales tenemos?" Fue en 2014. Hoy en día ya no podemos volver a preguntar al asesino. Pero seguro que respondería más contento. Esta entrevista de Ángeles Escrivá a Josu Zabarte en 2014 sigue siendo útil porque muestra con brutal claridad el núcleo ideológico del entorno de ETA. El carnicero de Mondragón no habla como un arrepentido, sino como alguien que cree que la violencia fue necesaria. El Gobierno siempre ha defendido que sus acuerdos con Bildu son acuerdos parlamentarios legítimos, no pactos sobre presos. Formalmente, tras la investidura de 2023 no se hizo público ningún acuerdo concreto entre PSOE y EH Bildu. Pero da igual porque políticamente la secuencia ha sido evidente: Bildu ha sido necesario para aprobar leyes, presupuestos y mantener viva la mayoría, mientras el Estado completaba el acercamiento de los presos de ETA y el País Vasco asumía la gestión penitenciaria. La primera gran fase fue el final de la dispersión. Desde la llegada de Sánchez a Moncloa en 2018, el Gobierno fue autorizando traslados de presos de ETA hasta completar en marzo de 2023 el acercamiento de los 175 reclusos que cumplían condena en España a cárceles del País Vasco y Navarra. RTVE lo presentó como el cierre de una política penitenciaria iniciada en democracia para evitar el control colectivo de ETA sobre sus presos. La segunda fase fue la transferencia de la gestión penitenciaria al Gobierno Vasco. En 2021, el Ejecutivo de Sánchez aprobó el traspaso a Euskadi de la ejecución de la legislación penitenciaria. El Estado mantiene la legislación, pero el Gobierno Vasco gestiona organización, régimen, funcionamiento, clasificación, permisos, destinos, tratamiento penitenciario y régimen abierto dentro de sus centros. Eso significa que decisiones decisivas para la vida diaria de los presos de ETA dejaron de depender directamente de Instituciones Penitenciarias del Estado. La tercera fase es la actual: terceros grados, semilibertades y aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. El País informó esta semana de que el Gobierno Vasco ha concedido la semilibertad a Arkaitz Aguirregabiria, condenado por el asesinato en 2010 del policía francés Jean-Serge Nérin, la última víctima mortal de ETA. También ha aplicado el 100.2 a Juan Luis Rubenach, condenado por múltiples atentados y con penas que suman cerca de 1.500 años. Según esa misma información, 66 de los 107 presos de ETA en cárceles vascas están ya en semilibertad. Las asociaciones de víctimas, como AVT y Covite, denuncian que esto funciona como una amnistía penitenciaria de facto. La cuestión de fondo es si todo esto forma parte de la normalización democrática o de una cesión política a cambio de estabilidad parlamentaria. El PSOE sostiene lo primero: ETA está derrotada, la dispersión perdió sentido tras la disolución de la banda, los presos deben ser tratados individualmente y las competencias penitenciarias estaban previstas en el Estatuto de Gernika. Las víctimas y la derecha sostienen lo segundo: Sánchez necesitaba los votos de Bildu y PNV, y el precio político ha sido acelerar una agenda penitenciaria que beneficia al mundo etarra. Zabarte permite entender por qué este debate no es administrativo. Él decía en 2014 que Sortu y Bildu estaban llevando bien su estrategia, que la lucha armada no era útil “en estos momentos” y que las generaciones futuras ya verían. Ese matiz es esencial. No hablaba de una condena moral definitiva, sino de una suspensión estratégica. Para él, la cuestión no era que matar estuviera mal, sino que había dejado de ser eficaz. Por eso la presencia de Bildu en la mayoría de Sánchez tiene una carga simbólica enorme. No se trata solo de que una fuerza legal vote leyes en el Congreso. Se trata de que esa fuerza representa la institucionalización de un mundo político que durante décadas justificó, amparó o relativizó el terror. Y mientras esa fuerza gana poder institucional, los presos de ETA van saliendo de la cárcel, obteniendo terceros grados o accediendo a regímenes flexibles.

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